Administración Pública
Miles de empleados públicos en Málaga llevan más de una década con salarios congelados, temporalidad estructural y carreras profesionales bloqueadas. SiAM defiende tus derechos sin ataduras políticas ni intereses ajenos.
El empleo público en España atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. Desde los recortes de 2010, las administraciones públicas han convertido a sus plantillas en variables de ajuste: salarios recortados, trienios congelados, plazas suprimidas y una temporalidad que ya no es excepcional, sino estructural. En Málaga, en la Junta de Andalucía, en los ayuntamientos de la Costa del Sol y en la Administración General del Estado, miles de personas trabajan con contratos temporales que se renuevan año tras año, sin expectativas de estabilidad ni de promoción. En SiAM sabemos que la Administración Pública debería ser ejemplo de estabilidad y derechos. Por eso peleamos cada día para que lo sea.
de temporalidad acumulada para miles de interinos en la administración andaluza, sin acceso a plaza fija ni expectativas reales
pérdida acumulada de poder adquisitivo desde 2010 por recortes salariales, supresión de pagas y congelación de trienios
plazas de promoción interna por cada 100 trabajadores: una carrera profesional bloqueada por diseño, no por mérito
La administración pública en Málaga: un coloso con los pies de barro
La provincia de Málaga depende en gran medida de la Administración Pública para garantizar servicios esenciales: educación, sanidad, asistencia social, urbanismo, empleo, cultura, turismo y seguridad. Sin embargo, quienes hacen funcionar estas administraciones —funcionarios, laborales, interinos, temporales— trabajan en condiciones que distan mucho de la estabilidad y el reconocimiento que la ciudadanía asocia al empleo público.
La administración pública en Málaga: ayuntamientos, junta y estado
En Málaga coexisten tres niveles de administración que emplean a decenas de miles de personas. Los ayuntamientos —destacando el de Málaga capital, Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos— gestionan servicios municipales con plantillas que han sufrido recortes drásticos desde 2010. La Junta de Andalucía administra sanidad, educación, empleo y dependencia con un modelo de temporalidad estructural que deja a miles de trabajadores en el limbo. Y la Administración General del Estado mantiene presencia en la provincia a través de la Seguridad Social, Hacienda, Justicia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con sus propias particularidades y problemas.
Cada nivel tiene sus normativas, sus convenios y sus tensiones, pero comparten un denominador común: la pérdida de poder adquisitivo, la precarización creciente y la falta de perspectivas de mejora. En SiAM trabajamos con empleados públicos de los tres niveles porque entendemos que la defensa de los derechos laborales no entiende de fronteras administrativas.
Tipos de personal: funcionarios, laborales, interinos, temporales
No todo el empleo público es igual. En la administración conviven diferentes figuras con derechos muy distintos:
- Funcionarios de carrera: Personal con plaza definitiva obtenida mediante oposición. Gozan de estabilidad, pero sufren salarios congelados, carrera profesional bloqueada y sobrecarga de trabajo por falta de plantilla.
- Personal laboral fijo e indefinido: Trabajadores con contrato laboral que realizan funciones idénticas a las de funcionarios pero con menores derechos, salarios más bajos y menos garantías de movilidad o promoción.
- Interinos: Personal temporal que cubre vacantes estructurales de forma provisional. Miles llevan más de una década "provisionalmente", sin acceso a la función pública ni a la estabilidad que merecen.
- Temporales y eventuales: Contratados para campañas, refuerzos estacionales o sustituciones puntuales. La cara más visible de la precariedad: años encadenando contratos sin expectativas de fijeza.
Esta dualidad —o pluralidad— del empleo público genera tensiones internas, competencia desleal entre compañeros y un clima de incertidumbre que beneficia a las administraciones y perjudica a los trabajadores.
La crisis del empleo público desde 2010
El año 2010 marcó un punto de inflexión. Las medidas de ajuste del Gobierno central, continuadas por sucesivos ejecutivos, suprimieron la paga extra de 2012, congelaron los trienios, redujeron las plazas de promoción interna y paralizaron las oposiciones. El resultado, quince años después, es una administración pública envejecida, con plantillas congeladas, salarios en retroceso y miles de interinos que acumulan contratos temporales sin acceso a la estabilidad.
En términos reales, un funcionario que cobraba 1.800€ netos en 2010 hoy percibe una cantidad similar o inferior, mientras que el coste de vida en Málaga y la Costa del Sol se ha disparado. Alquileres, alimentación, transporte, educación, sanidad privada... Todo sube excepto el sueldo del empleado público. Esa brecha entre ingresos y gastos es el verdadero drama silenciado de la función pública española.
Funcionarios de carrera: estabilidad a cambio de sacrificio permanente
Ser funcionario de carrera sigue siendo símbolo de estabilidad en España. Pero esa estabilidad tiene un precio que pocos están dispuestos a reconocer: salarios congelados, carreras bloqueadas, sobrecarga laboral y una pérdida de prestigio social que convierte la plaza definitiva en una jaula dorada.
Estabilidad, sí, pero salarios congelados
El funcionario de carrera tiene algo que pocos trabajadores en España pueden garantizar: un puesto que no desaparecerá mañana. Pero esa estabilidad se ha convertido en una losa cuando se compara con la evolución salarial de otros sectores. Mientras el coste de vida en Málaga sube un 30% en una década, los salarios públicos se mantienen estáticos o pierden poder adquisitivo.
La supresión de la paga extra de 2012 nunca se ha recuperado del todo. Los trienios están congelados desde hace años. Los complementos específicos no se actualizan. Y las subidas salariales pactadas en mesas de negociación son insuficientes para compensar la inflación acumulada. El resultado es que un funcionario con quince años de servicio cobra hoy prácticamente lo mismo —o menos— que hace diez años, en términos reales.
Recortes, pérdida de poder adquisitivo y sobrecarga
Los recortes no afectaron solo a los salarios. También afectaron a las plantillas. Desde 2010, las administraciones públicas no han cubierto las bajas naturales, no han creado plazas nuevas y han externalizado servicios que antes realizaba personal propio. El resultado es que cada funcionario hace hoy el trabajo de dos o tres compañeros que nunca fueron sustituidos.
Esta sobrecarga se traduce en más estrés, más horas extras no abonadas, más bajas laborales y más rotación en los puestos más difíciles. La administración pública se ha convertido en una máquina de producir burnout, donde la estabilidad de la plaza no compensa la inestabilidad emocional de la carga de trabajo.
Carrera profesional bloqueada
La promoción interna debería ser el motor de la función pública: recompensar el mérito, la experiencia y la formación con mejores puestos y salarios. En la práctica, es una lotería. Las oposiciones internas convocan plazas insuficientes para la demanda acumulada. Los sistemas de concurso-oposición son opacos. Los tribunales no siempre son imparciales. Y los méritos adquiridos durante años de servicio a veces no computan o computan menos que otros criterios discutibles.
Muchos funcionarios llevan décadas en el mismo puesto, con el mismo salario, sin perspectivas de ascenso. La frustración acumulada afecta a la motivación, a la salud mental y a la calidad del servicio público. Una administración sin carrera profesional es una administración estancada, y quienes la sufren son los ciudadanos... pero sobre todo los propios empleados públicos.
Personal laboral: mismas funciones, menos derechos
Los trabajadores y trabajadoras del régimen laboral de la administración pública realizan funciones idénticas a las de los funcionarios, pero con condiciones sensiblemente peores. Es una dualidad injusta que SiAM no acepta ni normaliza.
Laborales fijos e indefinidos
Personal con contrato laboral indefinido que desempeña funciones esenciales en ayuntamientos, hospitales, centros educativos y organismos autónomos. Tienen menos derechos que los funcionarios: no acceden a la carrera profesional, no pueden participar en ciertos procesos selectivos internos, y sus condiciones salariales y de movilidad son inferiores. Realizan el mismo trabajo, pero con una etiqueta que les penaliza.
Interinos: años esperando una plaza
La figura del interino debería ser excepcional: cubrir una vacante temporal hasta su provisión definitiva. En la práctica, es estructural. En Andalucía, miles de interinos llevan más de diez, quince o incluso veinte años cubriendo plazas que nunca se convocan. Acumulan contratos temporales, formación, experiencia y méritos, pero no pueden opositar porque las plazas no salen. Es una injusticia que ningún gobierno ha resuelto, a pesar de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenan la abusividad de esta situación.
Temporales: la precariedad del sector público
Personal contratado para campañas de empleo, refuerzos estacionales, sustituciones de baja o proyectos específicos. Sus contratos duran meses, a veces semanas, y se renuevan sin garantía de continuidad. No tienen acceso a carrera profesional, no acumulan derechos de promoción y viven en una incertidumbre permanente que dificulta cualquier planificación vital: alquiler, hipoteca, familia, formación. La temporalidad en la administración pública no es una excepción: es una política deliberada de ahorro a costa de las personas.
Los problemas estructurales de la administración pública: no son excusas, son realidades
No son excusas sin fundamento. Son realidades que afectan a tu día a día, tu economía, tu salud y tu futuro profesional. En SiAM las conocemos porque las escuchamos cada semana de compañeros y compañeras que sufren en silencio, convencidos de que no hay nada que hacer. Pero sí lo hay: organizarse, reclamar y defender juntos lo que es de todos.
Temporalidad estructural
Miles de empleados públicos en Málaga y Andalucía llevan más de diez años en contratos temporales encadenados, sin acceso a la función pública ni a la estabilidad. La "fijeza" se ha convertido en una quimera para quienes ocupan plazas estructurales de forma "provisional" desde hace décadas. Esta temporalidad abusiva ha sido condenada por la justicia europea, pero las administraciones españolas la mantienen con excusas burocráticas y convocatorias de oposición insuficientes.
El coste humano es enorme: familias que no pueden hipotecarse, compañeros que aplazan tener hijos, personas que acumulan ansiedad por no saber si renovarán en septiembre. No es un problema administrativo: es una violación de derechos fundamentales.
Recortes salariales desde 2010
La supresión de la paga extra de 2012, la congelación de trienios, la reducción de complementos y la falta de actualización salarial han generado una pérdida acumulada de poder adquisitivo superior al 15% en términos reales. En una provincia como Málaga, donde el coste de vida se ha disparado por el turismo y la especulación inmobiliaria, esta pérdida es especialmente devastadora.
Un empleado público que cobraba 1.500€ netos en 2010 hoy percibe, con suerte, la misma cantidad. Pero el alquiler ha subido un 50%, la luz un 40%, la alimentación un 25%. Las cuentas no salen, y la administración mira para otro lado mientras pide más esfuerzos, más horas, más sacrificios.
Oferta Pública de Empleo insuficiente
La única vía real para estabilizar la temporalidad estructural es una Oferta Pública de Empleo (OPE) masiva que absorba las plazas ocupadas provisionalmente. Sin embargo, las administraciones convocan OPEs ridículas en comparación con la necesidad real. Cien plazas para diez mil interinos. Mil plazas para cien mil temporales en toda España. Es matemáticamente imposible que este sistema resuelva el problema en menos de treinta años.
Y cuando convocan plazas, a menudo son de nuevo ingreso, no de promoción interna, lo que deja fuera a quienes llevan décadas acumulando experiencia. Es un sistema diseñado para no funcionar, para mantener la precariedad como norma y la estabilidad como excepción.
Sistemas opacos de promoción
La promoción interna debería premiar el mérito, la experiencia y la formación. En la práctica, muchos sistemas son opacos, arbitrarios y susceptibles de influencias políticas. Los tribunales no siempre son independientes. Los criterios de valoración cambian según conviene. Y los méritos acumulados durante años de servicio a veces no computan o computan menos que otros requisitos discutibles.
El resultado es una frustración generalizada. Compañeros con décadas de experiencia ven cómo personas recién incorporadas acceden a plazas por criterios que no entienden. La sensación de injusticia corroe la motivación y destruye el clima laboral.
Externalización de servicios públicos
La privatización encubierta de funciones públicas —limpieza, seguridad, mantenimiento, informática, atención ciudadana— destruye empleo estable y reduce la calidad del servicio. Cada función externalizada es un puesto público menos, un trabajador con menos derechos y una empresa privada que se lleva un beneficio que antes revertía en la ciudadanía.
En SiAM nos oponemos frontalmente a esta externalización. Los servicios públicos deben gestionarse por personal público con condiciones dignas. No es ideología: es eficiencia, transparencia y respeto a los derechos laborales.
Acoso laboral institucional (mobbing)
El acoso laboral en la administración pública adopta formas particulares: asignación de funciones degradantes, trato vejatorio por parte de superiores, aislamiento de quienes reclaman sus derechos, discriminación en la asignación de destinos o turnos. La jerarquía administrativa, a veces heredada de modelos autoritarios, convierte la relación laboral en una cadena de mando donde el respeto es opcional.
Muchos trabajadores callan por miedo a represalias, a ser señalados como "conflictivos" o a perder oportunidades de promoción. Ese silencio tiene un coste: tu salud mental, tu autoestima y tu calidad de vida. En SiAM no toleramos el mobbing: lo denunciamos, lo documentamos y lo llevamos donde haga falta.
Sobrecarga de trabajo por falta de plantilla
Las plantillas públicas están congeladas desde hace años, mientras las funciones aumentan. Más trabajo para los mismos trabajadores. Más estrés, más bajas, más rotación en los puestos más difíciles. Y, paradójicamente, no se cubren las vacantes ni se crean plazas nuevas. La administración resuelve la falta de recursos humanos con más presión sobre los que quedan, externalización o simplemente dejar de prestar servicios.
La consecuencia es un deterioro de la calidad del servicio público que afecta directamente a los ciudadanos. Pero la primera víctima es el empleado público, que acaba agotado, desmotivado y enfermo.
Dificultades de conciliación
Los horarios rígidos, la imposibilidad de teletrabajar en muchos puestos, la dificultad para obtener permisos o reducciones de jornada y la falta de flexibilidad organizativa convierten la conciliación en un imposible para muchos empleados públicos. Especialmente en sectores como sanidad, educación o servicios sociales, donde la presencia física es obligatoria y los turnos son innegociables.
Las mujeres del sector público sufren una doble carga: jornada laboral completa más trabajo de cuidados no reconocido. Y cuando piden adaptaciones, se las niegan o las condicionan a renuncias salariales inaceptables. La conciliación no es un capricho: es un derecho que la administración pública debería garantizar por ejemplo, no por excepción.
Problemas de movilidad geográfica
El derecho a cambiar de destino por necesidades personales, conciliación familiar o promoción profesional está reconocido en la ley, pero en la práctica está lleno de trabas burocráticas. Los comités de movilidad funcionan con lentitud, los criterios son opacos y las decisiones a veces dependen de la voluntad de un superior. Un trabajador que necesita trasladarse para cuidar a un familiar dependiente puede esperar años sin respuesta.
En SiAM defendemos una movilidad real, transparente y basada en criterios objetivos. Tu vida no puede depender de la firma de un directivo que no conoce tu situación.
Derechos específicos que defendemos en la administración pública
No pedimos privilegios. Exigimos el cumplimiento de la ley y la recuperación de derechos arrebatados por décadas de recortes y resignación. Estos son los pilares de nuestra defensa en el sector público.
💼 Carrera profesional y promoción interna
Promoción interna con criterios objetivos, acceso real a plazas de libre designación y sistemas de evaluación que valoren el mérito y la experiencia acumulada. No el enchufe ni la arbitrariedad. Los años de trabajo en la administración deben contar para algo más que la jubilación.
🏆 Oposiciones justas
Tribunales imparciales, bolsas de trabajo funcionales y oferta pública de empleo suficiente para absorber la temporalidad estructural. Merecéis una oportunidad real, no una vía muerta. Las plazas deben salir con la frecuencia y la cantidad que la realidad exige.
📌 Permisos y licencias
Respeto absoluto a los permisos retribuidos, lactancia, paternidad, cuidados y reducciones de jornada por guarda legal. Derechos conquistados que no negociamos. La administración pública debe ser ejemplo en conciliación, no un obstáculo.
🔄 Concordia y compatibilidad
Derecho a la segunda actividad cuando sea compatible, sin persecución ni sanciones por ejercer un derecho legal. Tu tiempo libre es tuyo. La administración no puede vetar tu actividad privada sin motivo fundado.
⏰ Jornada y horarios
Respeto a la jornada legal, descansos efectivos, fin de las horas extras no abonadas y flexibilidad horaria donde sea posible. La acumulación de tareas no puede convertirse en jornadas interminables sin compensación.
🩺 Salud laboral
Evaluaciones de riesgos reales, prevención efectiva, atención psicológica para el estrés laboral y respeto a las bajas médicas. La salud no es un obstáculo para la productividad: es un derecho fundamental.
Marco legal: la ley está de tu parte, nosotros la hacemos cumplir
Muchos empleados públicos desconocen el alcance de sus derechos porque nadie se ha molestado en explicárselos. La administración beneficia de esta ignorancia. En SiAM la combatimos con información, asesoramiento y acción legal.
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)
La Ley 7/2007, de 12 de abril, regula los derechos y deberes de todo el empleo público en España. Establece la carrera profesional, la promoción interna, los permisos y licencias, la jornada, la evaluación del desempeño y la responsabilidad disciplinaria. Cualquier actuación administrativa que vulnere el EBEP es impugnable, y en SiAM sabemos cómo hacerlo.
El EBEP también reconoce el derecho a la sindicación, a la participación en la negociación colectiva y a la representación en los órganos de participación. Derechos que solo se ejercen si hay sindicatos dispuestos a defenderlos.
Ley de Función Pública de Andalucía
La Ley 6/1985, de 13 de agosto, reguladora de la función pública de la Junta de Andalucía, desarrolla el régimen específico del empleo público andaluz. Incluye normas sobre provisión de plazas, movilidad, promoción interna, evaluación y régimen disciplinario. Conocemos esta ley al detalle porque la aplicamos a diario en defensa de compañeros de la Junta.
Convenios colectivos específicos
Además de las leyes generales, cada sector de la administración tiene convenios colectivos propios: sanidad, educación, justicia, administración general, policía local, bomberos... Estos convenios regulan condiciones específicas de jornada, salario, complementos, clasificación profesional y derechos sociales. En SiAM estudiamos cada caso para aplicar el convenio más favorable a la situación del trabajador o trabajadora.
Defensa en expedientes disciplinarios
El régimen disciplinario del empleo público es especialmente riguroso. Una falta leve, grave o muy grave puede acarrear sanciones que van desde la amonestación hasta la separación del servicio. Pero el procedimiento tiene garantías que muchos desconocen: derecho a ser oído, a aportar prueba, a ser asistido por un abogado o representante sindical, a la presunción de inocencia.
En SiAM acompañamos a los compañeros desde el inicio del expediente, no cuando ya es tarde. No firmes nada sin hablar con nosotros: tu futuro profesional está en juego y una mala defensa puede costarte la carrera.
Qué hace SiAM en la Administración Pública: defensa real, no gestos vacíos
SiAM no es un sindicato de pasillo ni un mero espectador de la vida administrativa. Actuamos en los tribunales, en las mesas de negociación, en la calle y en cada despacho donde un compañero necesita ayuda. Estas son nuestras líneas de actuación en el sector público.
📝 Recursos administrativos y contenciosos
Redactamos y presentamos reposiciones, alzadas y recursos contencioso-administrativos contra resoluciones que lesionen tus derechos: denegaciones de permisos, sanciones injustas, resoluciones de movilidad arbitrarias, exclusiones de procesos selectivos... Conocemos la jurisdicción contencioso-administrativa y la usamos a tu favor con argumentación sólida y técnica jurídica rigurosa.
📢 Reclamaciones de cantidad
Reclamamos salarios impagados, trienios no actualizados, horas extras sin abonar, complementos suprimidos indebidamente y cualquier deuda de la administración con su plantilla. Tu dinero te pertenece, y nosotros te ayudamos a recuperarlo con la ley en la mano y la persistencia que hace falta.
🛡️ Defensa en expedientes disciplinarios
Acompañamos en expedientes disciplinarios desde el minuto cero. Asesoramiento legal, estrategia de defensa, recopilación de pruebas, redacción de alegaciones y representación en las comparecencias. No estás solo ante la administración: SiAM está a tu lado con el conocimiento y la determinación que necesitas.
🤝 Negociación colectiva
Participamos en mesas de negociación defendiendo mejoras salariales, condiciones de trabajo y derechos de la plantilla. No aceptamos migajas a cambio de firmar. Nuestros acuerdos se someten a la asamblea de afiliados y solo se aprueban si realmente benefician a la mayoría. La negociación no es teatro: es herramienta de conquista de derechos.
💬 Asesoría individual
¿Dudas sobre tu categoría? ¿No sabes si te corresponde un complemento? ¿Te han denegado un permiso? ¿Te sientes acosado? En SiAM te atendemos de forma personalizada, estudiamos tu caso y te guiamos paso a paso. Nuestro asesoramiento es gratuito para afiliados y está basado en el conocimiento real de la normativa aplicable.
📢 Visibilidad y presión institucional
Llevamos los problemas de la administración pública a los medios, a las instituciones y a la opinión pública. La precariedad del empleo público es un problema social, no privado. Y lo tratamos como tal: con comunicados, concentraciones, comparecencias y todas las herramientas de presión democrática a nuestro alcance.
Logros concretos en la Administración Pública
SiAM no es un sindicato de papel. Desde 2018 hemos logrado resultados reales para empleados públicos de Málaga y provincia.
🏆 Recuperación de salarios impagados
Hemos conseguido que decenas de empleados públicos cobren trienios no actualizados, horas extras no abonadas y complementos indebidamente suprimidos. La administración debe cumplir con sus obligaciones, y nosotros nos aseguramos de que lo haga.
📋 Anulación de resoluciones injustas
Hemos logrado la anulación de resoluciones administrativas que lesionaban derechos de la plantilla: denegaciones de permisos, sanciones disciplinarias arbitrarias, exclusiones de bolsas de trabajo... Cada recurso ganado es un precedente que beneficia a toda la administración.
📢 Presión por la estabilización
Hemos exigido públicamente a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos de Málaga que aceleren la estabilización del empleo temporal. Nuestros comunicados, concentraciones y acciones institucionales mantienen viva la presión para que la temporalidad estructural no sea aceptada como inevitable.
🤝 Defensa en expedientes disciplinarios
Hemos acompañado a compañeros en expedientes disciplinarios logrando la archivación, la reducción de la sanción o la absolución. La defensa técnica y la estrategia procesal marcan la diferencia entre una carrera truncada y un futuro salvado.
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